La
presidenta Cristina Fernández presentó hoy el informe sobre la
actuación administrativa establecida en la resolución 126 de la
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación
de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en
torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima de La
Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Grupo Clarín y La Razón
Sociedad Anónima, del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima.
Además anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial por la
apropiación ilegal realizada por los socios privados de la compañía, y
que remitirá al Congreso de la
Nación proyectos de ley para declarar de
interés público la producción de celulosa y papel, su distribución y
comercialización.
El informe revela
graves irregularidades cometidas durante el gobierno militar por las
cuales se realizó la transacción, como así también cuestiona la
administración de la empresa por parte de los actuales socios privados,
al tiempo que refuta terminantemente las versiones sobre la historia de
la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima que publicaron los diarios
Clarín y La
Nación en sus ediciones de 27 de marzo y 4 de abril del
corriente año.
Contiene además constancias documentales, expedientes administrativos,
papeles comerciales, constancias de causas judiciales, registros de
archivos y actuaciones de la dictadura consistentes en actas de las
Juntas de Comandantes y de la Comisión Nacional de Responsabilidad
Patrimonial, que insumen más de 26 mil fojas.
El documento será remitido a los organismos correspondientes para la
prosecución de trámites administrativos y judiciales a los que dé
lugar, dado que contiene probanzas irrefutables de la apropiación
ilegal de la empresa por parte de los actuales sectores controlantes
del sector privado de la firma.
El informe da cuenta de que en el año 1977 se cometieron una variedad
de delitos de lesa humanidad contra el denominado Grupo Graiver, cuya
cabeza fuera el empresario David Graiver, fallecido en una en una
catástrofe aérea el 7 de agosto de 1976. Y presenta tres ejes que
tipifican el desempeño desleal de los accionistas del sector privado en
Papel Prensa Sociedad Anónima:
- La apropiación de las acciones de clase A, decisivas para acceder al
control de la empresa, por parte de los actuales socios privados de la
empresa, con la utilización de instrumentos del terrorismo de Estado
tales como amenazas, secuestros, desaparición forzosa de personas,
tortura y privación ilegal de la libertad.
- La obtención de ventajas competitivas por parte de los socios
privados de la empresa en detrimento de numerosos diarios de todo el
país que pudieran constituir una competencia para sus empresas.
- La puesta en marcha de un "pacto de sindicalización" por el cual los
socios privados acordaron acciones en beneficio de sus propias empresas
y en detrimento de la propia compañía Papel Prensa Sociedad Anónima,
violando la normativa vigente.
La Jefa de Estado remarcó que el informe se encargó debido a la
sistemática negativa de los socios privados de Papel Prensa Sociedad
Anónima de otorgar información, lo que llevó también a designar un
administrador judicial que participa de las reuniones de directorio de
la compañía para "llegar a la documentación".
Señaló que el diario Clarín publicó el pasado domingo una editorial en
la que sostiene que "el gobierno avanza en Papel Prensa para controlar
la palabra impresa". "Esto demuestra que Clarín cree que quien controla
Papel Prensa controla la palabra impresa", observó la Mandataria, y al
respecto, expresó: "Papel Prensa es la única empresa que produce en el
país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo
comercializa, en lo que se conoce como una empresa monopólica
controlada verticalmente".
Por eso, anunció que "enviará un proyecto de ley para declarar de
interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su
distribución y comercialización". "Ese proyecto encomendará al
Ejecutivo para instruir un marco regulatorio de la actividad", explicó.
La iniciativa dispondrá el "tratamiento igualitario para toda la
Argentina y precio, condiciones y calidad de papel, para que no deba
importarse papel en la República Argentina".
Además, afirmó que el proyecto de ley "impulsará también la
construcción de una Comisión Bicameral de Seguimiento" para que "cada
uno de los legisladores, de los partidos políticos, opinen y voten como
mejor les parezca" ese Marco Regulatorio.
"Queremos que miembros de esa Comisión participen también en las
reuniones de Directorio de Papel Prensa para que realmente haya
control" y "darle transparencia absoluta" a la iniciativa, expresó la
Mandataria, quien además aclaró:
"El informe no es para controlar a nadie, sino simplemente para que dejen de controlar a todos los argentinos".
Para la Jefa de Estado, desde la cesión ilegal de las acciones de Papel
Prensa se configuró en el país " un poder que está por sobre la
Presidenta y también sobre el Legislativo y el Judicial". "Hay un
poder, que es invisible a los ojos pero aflora. Hace décadas que los
poderes del Estado tienen una subordinación hacia determinados
intereses", sostuvo.
"Con estos expedientes se harán las presentaciones judiciales en los
estrados que correspondan para juzgar estas acciones, porque creo en la
división de poderes, y solamente los jueces de la Nación y la República
pueden condenar. Y no es que yo no pueda hacerlo, es que tampoco
quiero, porque creo en serio en la división de poderes", expresó la
Mandataria. Y agregó: "Tengo la obligación de dar un encause a esta
situación que lleva 33 años de manejo oscurantistas con prácticas
desleales".
"Quiero un país diferente en serio, quiero una democracia sin tutelaje
y sin que tengan temor los políticos a ver qué dice tal diario o tal
otro de él", señaló.
En su presentación, la Jefa de Estado Agradeció la labor de la
sindicatura, la Comisión Nacional de Valores, autoridades del
Ministerio de Industria de la Nación, y funcionarios judiciales.
Acompañaron a la Jefa de Estado en el acto el diputado nacional y
secretario general de Unasur, Néstor Kirchner; el presidente de la
Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; el jefe de Gabinete de Ministros,
Aníbal Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el
ministro de Economía, Amado Boudou; gobernadores provinciales,
ministros, jefes de los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas
Armadas, empresarios, representantes de organismos de defensores de los
derechos humanos, e invitados especiales.